Seguridad tradicional y no tradicional: por qué no basta el ejército
Las fronteras pueden estar protegidas mientras falla un laboratorio vital, se interrumpe una red de comunicaciones o un hospital no puede mantener sus servicios. La capacidad militar no pierde su valor en estos casos; se hace evidente que proteger al Estado exige funciones que las fuerzas armadas no pueden desempeñar por completo, por eficaces que sean. La pregunta práctica es cómo integrar los instrumentos de protección sin diluir la responsabilidad institucional.
El 23 de marzo de 2026, la Organización Mundial de la Salud publicó un marco de capacidades para la preparación y respuesta de las agencias nacionales de salud pública ante emergencias: autoridad legal, financiación, vigilancia, laboratorios y coordinación, entre otras. Es un marco general, no una evaluación de Iraq. Su relevancia consiste en mostrar que la preparación sanitaria es una capacidad institucional propia que no puede crearse íntegramente después de comenzar la crisis. Fuente.
¿Qué significa esta distinción?
La seguridad tradicional designa aquí la protección territorial y soberana frente a la coerción armada y las amenazas vinculadas al poder militar. La no tradicional incluye riesgos que atraviesan sectores o fronteras, como emergencias sanitarias, fallos de infraestructura crítica y perturbaciones ambientales o digitales. Es una clasificación operativa para asignar instrumentos y responsabilidades: algunos riesgos son antiguos o deliberados, y llamarlos no tradicionales no reduce su gravedad.
El problema aparece cuando la clasificación se convierte en separación institucional completa. Un ataque puede cortar la electricidad; el corte puede detener agua, comunicaciones y atención sanitaria; una crisis de salud puede afectar al personal de todos esos sectores. No se trata de enumerar peligros vecinos, sino de comprender interdependencias. Resolver un sector aisladamente puede dejar fuera la causa de su interrupción.
Esto no elimina la especificidad militar. Proteger fronteras, disuadir y dirigir operaciones armadas requiere instituciones, formación, equipos y mando propios. La competencia en esas tareas no genera automáticamente competencia para gestionar laboratorios, regular agua o mantener redes civiles. Cada ámbito tiene conocimientos, autoridad y mecanismos de responsabilidad que no se reducen a disciplina.
¿Por qué no basta aumentar la fuerza armada?
Las fuerzas armadas pueden apoyar la respuesta civil con transporte, ingeniería, protección y asistencia cuando sea necesario y conforme a la ley. No pueden compensar permanentemente la debilidad de la institución que produce el servicio. Si cada interrupción rutinaria necesita una intervención excepcional, esta puede aliviar el daño inmediato sin demostrar que se reparó el sistema que reproduce el fallo.
Desviar recursos militares a una tarea civil tiene costes de oportunidad: tiempo del personal, mantenimiento y preparación para su misión original. Hay que compararlos con la necesidad del apoyo, no utilizarlos como argumento para rechazarlo siempre. En una crisis extensa la ayuda puede resultar indispensable; en prevención y operación cotidiana, fortalecer la capacidad civil reduce la presión sobre ambas partes.
La Constitución iraquí sigue delimitando esta relación: las fuerzas armadas dependen de dirección civil y tienen una función defensiva establecida. La coordinación de emergencias debe respetar competencias legales y aclarar quién solicita apoyo, quién dirige la función civil y cuándo termina la misión excepcional. Definir esos límites acelera la cooperación al reducir disputas de autoridad cuando surge la necesidad. Fuente.
La interdependencia de servicios cambia las prioridades
Imaginemos un hospital con electricidad de respaldo, pero suministro incierto de combustible, una única conexión de comunicaciones y pocas opciones para un insumo diagnóstico importante. Tener generador no demuestra preparación. Un contrato de suministro ejecutable o probar una comunicación alternativa puede ser más urgente que comprar otro aparato. Es un ejemplo hipotético del método de evaluación, no un informe sobre un hospital determinado.
El sistema puede analizarse en dos sentidos. Primero se parte de la función que debe continuar y se identifican sus dependencias; después se parte de un recurso vulnerable y se examinan las funciones afectadas por su pérdida. El primer sentido revela necesidades del establecimiento; el segundo, vulnerabilidades compartidas que pueden afectar simultáneamente a muchos. Distribuir activos geográficamente puede ocultar su dependencia de un mismo proveedor, contrato o conexión.
Aparece una disyuntiva entre eficiencia y reserva. Menos existencias y un proveedor único reducen costes normales, pero pueden aumentar el impacto de la interrupción. Más alternativas facilitan la continuidad y elevan los costes de operación y coordinación. No existe una proporción ideal de reserva para todos los sectores: depende de duración probable, daño, tiempo de reposición y financiación disponible.
¿Qué aprender de Finlandia?
En enero de 2025, Finlandia aprobó una actualización de su Estrategia de Seguridad para la Sociedad, que protege funciones vitales mediante cooperación de autoridades, empresas, organizaciones y ciudadanía, combinando preparación y respuesta. La lección útil es organizar papeles complementarios alrededor de funciones claras. Trasladar todo el modelo a Iraq ignoraría diferencias de administración, recursos, confianza y capacidad de hacer cumplir compromisos. Fuente.
Lo más aplicable es empezar con una función concreta y pocos actores interdependientes, y probar sus acuerdos de cooperación. No basta un memorando o una comisión. Cada parte debe saber qué aportará bajo una condición determinada, cómo recibirá información y quién decidirá si falta el responsable habitual. Esto requiere formación y financiación, no solo consenso verbal sobre la coordinación.
El sector privado participa cuando gestiona un recurso o servicio vital, pero su inclusión no exime a la autoridad pública de supervisar. Los contratos deben establecer servicio mínimo, obligación de informar, continuidad y límites al intercambio de datos. La participación social también exige información comprensible y canales fiables de aviso. Nadie puede prepararse para un peligro oculto o comunicado de forma contradictoria.
Una vía realista para probar la preparación en Iraq
Se puede comenzar con un escenario compuesto y acotado: interrupción de electricidad y comunicaciones en una zona con centro sanitario y estación de agua. Se identifican las funciones indispensables y se revisan alternativas realmente disponibles, no solo registradas. Tras un ejercicio de gabinete u operativo adecuado, se documentan demoras y causas: falta de autoridad, recursos, información o formación. Cada causa requiere una medida distinta.
El ejercicio debe tener límites que eviten perjudicar servicios o revelar información sensible innecesaria. No se pretende detener infraestructura real para demostrar fragilidad, sino comprobar decisiones, comunicación y reservas con medios proporcionados. Pueden publicarse resultados generales y planes de mejora mientras se protegen detalles que facilitarían ataques contra instalaciones.
La medición se centra en detectar el fallo, mantener la función mínima, recuperar el servicio y garantizar acceso durante la crisis. Son indicadores propuestos, no resultados medidos sobre instituciones iraquíes. El ejercicio puede revelar que una medida administrativa sencilla funciona antes que equipos caros, o que una carencia material real no se resuelve con más reuniones.
¿Quién asume la responsabilidad final?
La seguridad no tradicional no necesita un organismo que lo gestione todo, sino un orden que haga rastreable la responsabilidad. La institución competente dirige la función, se coordina donde se cruzan atribuciones y se definen previamente las condiciones de elevación a un nivel superior. Si todos esperan a los demás, la multiplicidad de participantes causa demora en lugar de aportar capacidad.
La conclusión no resta importancia al ejército: lo sitúa dentro de una capacidad nacional más amplia. La defensa militar sigue siendo necesaria frente a determinadas coacciones, y las instituciones civiles especializadas impiden que otros choques derrumben la vida pública. La integración se mide por continuidad dentro de la ley, recuperación y aprendizaje, no por cuántos organismos acudieron a una reunión.